“Más vale morir por algo, que vivir por nada”. Eduardo Umaña Mendoza
“Pensemos en este bendito país… que nos permita vivir y crecer con nuestros sueños, que nos permita pensar diferente y construir”. Camilo Umaña Hernández
La sensación por estos días en Colombia es la antesala de que se avecinan grandes cambios en nuestro país. Pese a los excesos de quienes quieren pescar en río revuelto para deslegitimar este estallido social que no termina su erupción, la mayoría de la población –las estadísticas hablan de un 75%- apoya el paro nacional. Gestos valientes, gestos humildes, gestos de grandeza, gestos de creatividad y gestos de solidaridad han sacado a flote lo mejor de los colombianos. Ya el miedo no paraliza, encoleriza el hambre. Ya las mentiras no calan, otros medios rompen el monopolio informativo y transmiten en directo desde la calle. Ya los de siempre presienten que no serán elegidos. Ya quienes se han emparentado con los viejos vicios de la corruptela y el clientelismo saben “lo que se les viene pierna arriba”.
Los jóvenes, que jalonan este inédito movimiento de transformación, se han sentido robustecidos por el acompañamiento espontáneo y entusiasta de las madres y abuelas que se han convertido en sus escudos de afecto, no sólo dándoles su bendición cuando deben hacer turnos en los puntos de resistencia, sino ellas mismas participando en las marchas, en las concentraciones y prodigando con sus saberes las ollas comunitarias. “Por fin los tres golpes, antes la mera aguapanela y el resto al rebusque y al azar”, comenta sonriente Mateo, un joven reciclador que hace parte de la “primera línea”. Los puntos se han convertido en muestras culturales en la que asoman talentos insospechados en la pintura, la danza, el grafiti, los actos circenses, los grupos musicales, los vocalistas, los raperos, los teatreros, los zanqueros y, para salirle al paso al encarecimiento de los alimentos se ha promocionado el mercado campesino, de la parcela al consumidor, en los mismos puntos.
Para hacer visible lo ocurrido en estos 55 días de paro ha sido de vital importancia la presencia de los defensores de derechos humanos. Conocemos los datos en los que Colombia lidera –tristemente- la cifra del mayor porcentaje de defensores de derechos humanos asesinados en Latinoamérica, según datos del relator de la ONU, Michel Forst, luego de su visita a finales de 2018. Un número que se ha acrecentado en el Gobierno de Duque. Ser defensor de derechos humanos en nuestro país es una tarea no sólo de gente idealista y altruista sino también temeraria. Desde muchas orillas se los pone bajo “sospecha”: su tarea molesta a las fuerzas policiales, su labor impide –en muchos casos- los excesos de la fuerza pública, su presencia es considerada un estorbo por las autoridades gubernamentales. A muchos de ellos por llamadas telefónicas les notifican que sus vidas están en serio peligro, al igual que las de sus familias.
Carolina Luna González, cabeza de hogar y madre de dos hijos, ha vivido en carne propia la persecución policial por cumplir con su trabajo como defensora de derechos humanos. Desde el 28 de abril estuvo en Paso del Aguante, luego del acuerdo con el alcalde en el que se desbloqueó ese punto se trasladó a la carrera 1 con setenta, donde ha quedado un punto de resistencia. En sus palabras se percibe el compromiso que la anima y la desazón por la situación vulnerable en la que realiza su labor: “Nadie pensó que este movimiento duraría tanto, ni que saldría como grito herido tanta inconformidad reprimida. Pese a que estamos como simples observadores y que portamos una camiseta o un chaleco que nos identifica, la policía no tiene ningún miramiento y quisiera cargar con nosotros. Yo misma fui amenazada por la policía y en dos de las refriegas, a pesar de correr, terminé con lesiones. No entiendo, sin importar el bando, nos preocupa que se atente contra la integridad humana. Las cifras de muertos y de desaparecidos, en medio de este conflicto, es demasiado alta. Triste decirlo: de los muertos nos queda la evidencia, pero de los desaparecidos sólo nos queda el registro de sus nombres. Algunos de ellos comienzan a aparecer río abajo o sus cuerpos aparecen baleados o con signos de violencia física. ¿Si los detiene la fuerza policial por qué no aparecen luego en las estaciones o en sus cuarteles?”.
A ella le preocupa la suerte de los jóvenes que han encontrado “refugio” y hasta “techo”, cuando los vecinos les permiten bañarse en sus casas y les ofrecen un tinto y un pan para que recobren fuerza y vuelvan a sus jornadas de aguante. ¿Qué pasará con ellos una vez se levanten los puntos de resistencia? ¿Cumplirá la alcaldía o el Gobierno nacional sus promesas? “Los jóvenes son los que han puesto los muertos”, nos dice, “en sus manos está la esperanza de que se produzcan los cambios que el país necesita”. Carolina siente que heredó esta sensibilidad social de su padre, admira el tesón de mujeres como Nidia Quintero, que convirtió su dolor por la pérdida de su hija en fortaleza para apostarle a la solidaridad y a la paz, y considera a Jaime Garzón un ejemplo en la defensa de los derechos humanos. Su familia siente temor por la labor que realiza, pero ella sigue empecinada en que es su granito de arena en esta búsqueda conjunta de un país mejor, más justo, más humano.
Corrían los años ochenta. El Gobierno de Turbay se había inventado el Estatuto de Seguridad, allanamientos, torturas y desapariciones se convirtieron en un modus operandi de las fuerzas del Estado para frenar la protesta social. Cuarenta años después, incorporado el discurso del derecho humanitario en nuestra carta constitucional de 1991, el Gobierno se hace cómplice de prácticas que buscan el exterminio de quienes han venido engrosando y liderando el paro nacional. Una de las puntas del iceberg que dio lugar a este estallido social fue su actitud pusilánime frente al asesinato de líderes sociales y su pasividad frente a situaciones de masacre en distintas zonas del territorio nacional. Actitudes que, junto a otras –como la persecución a las distintas instancias de la justicia transicional- expresaban su desidia frente al acuerdo de paz, firmado en 2016 por el Estado colombiano en el Gobierno de Santos.
Quienes vivimos esos turbulentos años ochenta recordamos que quienes, en aquella época, enarbolaban la defensa de los derechos humanos eran abiertamente estigmatizados por el Gobierno como proclives a los grupos guerrilleros y fácilmente caían bajo las balas de agentes del Estado o de estructuras paramilitares o sicariales que fueron surgiendo al amparo del narcotráfico, en estrecha cercanía con cuerpos del ejército encargados de hacer labores de inteligencia y “limpieza”. Esta estrategia de “guerra sucia” fue advertida y denunciada por dirigentes políticos y penalistas como Eduardo Umaña Mendoza, comprometido con la defensa de los derechos humanos:
“…hemos detectado que una de las etapas de la guerra sucia en el país es la inclusión de líderes sociales, de dirigentes cívicos, de dirigentes políticos, de miembros de organizaciones de derechos humanos… a partir de esos informes de inteligencia se empiezan a desatar acciones de guerra sucia: detenciones arbitrarias -soportadas con testigos secretos, con pruebas falseadas- o ejecuciones extrajudiciales que pueden consistir en asesinatos individuales o de manera colectiva…”.
Umaña Mendoza había expresado su preocupación por aparecer en informes de inteligencia de la Brigada 13 como “presunto auxiliador” de la guerrilla. Tiempo después, el 18 de abril de 1998 fue asesinado en su propia oficina por miembros de “La Terraza”, banda criminal de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). De esos tiempos en que “otros” hacían la guerra sucia al escenario que hemos visto recientemente de civiles que disparan o que promueven “su derecho a defenderse de los vándalos”, -el discurso de “la gente de bien” que se defiende de la “gente mala”- no hay mucho trecho. La vida, el derecho a la vida, no tiene color político. Todas las muertes nos deben doler por igual. El nuevo país debe convertir en realidad tangible el cuerpo de derechos que aparecen estipulados en la Constitución del 91.
El escenario para la pedagogía de Competencias Ciudadanas y de Cátedra de la Paz está a la orden del día. Celebro a los maestros que han convertido esta ebullición social en materia de análisis en sus clases. ¿De qué mejor manera aprender sobre el ejercicio de la ciudadanía, la importancia de conocer los deberes y los derechos ciudadanos y sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Todo el ramillete de temas está servido: la participación política, el derecho a la protesta, las propuestas partidistas y su relación con las gestiones de gobierno, los órganos de control, las tareas del Congreso, la agenda legislativa, los mecanismos de defensa de los derechos fundamentales, el papel de la Defensoría del Pueblo y de las veedurías ciudadanas, entre otros. De nuevo son los jóvenes los protagonistas, lo dicen muy claro: “el asunto no es cambiar presidente, el asunto es de reformas estructurales y para ello debe cambiarse, del totazo, el Congreso. El poder está en tus manos, inscribe tu cédula y prepárate… escoge bien y vota”.
Me pregunto, ¿cómo no abordar en una clase de últimos grados de bachillerato, y en cualquier semestre de la universidad, la actitud de la médica caleña que llamaba a matar a unos cuantos indígenas para calmar los ímpetus de la protesta social? En una discusión de esta naturaleza afloran temas transversales de nuestro ordenamiento jurídico: ¿hay ciudadanos de primera y segunda categoría? ¿Esta médica no reconoce las raíces de nuestra nacionalidad? ¿Qué son los prejuicios y qué son los estereotipos? ¿En qué consiste el juramento de Hipócrates y cuál es su relación con el más sagrado de los derechos? ¿Podemos confiar nuestra salud a una médica que exterioriza estas opiniones?
Según informe de Amnistía Internacional: “Más de 200 defensores de los derechos humanos han sido asesinados en Colombia desde la firma del acuerdo de paz. La situación es crítica. Las personas defensoras de derechos humanos están siendo amenazadas, atacadas y asesinadas”. Sin embargo, personas como Carolina Luna G. arriesgan su integridad todos los días, hacen un trabajo denodado, silencioso y comprometido con sus comunidades velando por el respeto de los derechos humanos sin percibir un salario. “El que está indefenso o inerme, el que está privado de la libertad, no importa su procedencia: indigente, empleado, uniformado, ejecutivo, empresario, todos tienen los mismos derechos”, nos dice de manera cortante Carolina. “He intervenido cuando han sido cogidos infiltrados de la fuerza pública y quieren sobrepasarse con ellos… ¡No, no y no! La balanza no puede inclinarse a nuestro amaño, los derechos humanos no pueden ceder a los odios o a los apasionamientos… son derechos humanos, no admiten discusión, ni acomodarlos a intereses de sectores sociales o partidos políticos”. Pienso que la agresión física no resiste ninguna justificación ideológica. No se trata de que Santiago Ochoa, el joven encontrado decapitado en el corregimiento Agua Clara, en Tuluá, dentro de una bolsa plástica, sea o no un joven de la “primera línea”, sencillamente es un ser humano, alguien empezando a vivir y nada justifica que alguien haya acabado con su vida, menos en esas condiciones.
Ser defensor de los derechos humanos en nuestro país es un apostolado. De tantos inmolados –por la fuerza pública, por los paramilitares-, Héctor Abad Gómez es todo un símbolo nacional, gracias al virtuosismo de las palabras de su hijo en su obra El olvido que seremos, que nos recuerda su formación humanística, su vocación médica y docente y su entrega a la defensa de los derechos humanos. Sus denuncias le costaron la vida. Fue asesinado un 25 de agosto de 1987, en Medellín.
Ser ético es algo que puede costar la vida, eso lo tenían claro Héctor Abad Gómez, Guillermo Cano Isaza –el director de El Espectador-, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo Ossa. Pero ser ético debería ser la razón de la vida y no costar la vida.
Un empresario contaba en estos días, en un noticiero, que ha estado conociendo de primera mano los reclamos de los jóvenes en los puntos de resistencia: “… se queda uno sin palabras al escuchar sus reclamos, sus sueños y sus propuestas… pero lo que más les duele a estos muchachos es que nos olvidemos de sus muertos tan fácilmente y que los desaparecidos se conviertan en una cifra más…”.
Ese puño en alto, erigido como memoria pétrea en Puerto Resistencia, tiene mayor significado para los caleños que la derrumbada estatua del conquistador Belalcázar. Es una obra realizada en tiempo record –tres semanas-, nacida del aporte, del sudor y el esfuerzo común, como promesa de mantener levantado el brazo libertario, perseverar en los cambios urgentes que el país reclama, recordar a quienes cayeron y seguir buscando y manteniendo vivos a los desaparecidos:
“Se llama Agustín. Es un buen muchacho.
A veces es terco cuando opina.
Lo han detenido. No sé qué fuerza.
Pantalón blanco, camisa a rayas. Pasó anteayer.
¿Adónde van los desaparecidos?
Busca en el agua y en los matorrales.
¿Y por qué es que se desaparecen?
Porque no todos somos iguales.
¿Y cuándo vuelve el desaparecido?
Cada vez que los trae el pensamiento.
¿Cómo se le habla al desaparecido?
Con la emoción apretando por dentro”.
(Rubén Blades)
