Desde su arranque, y señalado por un plebiscito (cargado por el diablo de la desinformación y algunos otros demonios) que lo condenó a una imagen negativa desde su firma, el acuerdo de paz para la terminación del conflicto armado colombiano firmado en 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC ha tenido muchos problemas en su desarrollo. No es una novedad decir, como lo han demostrado informes, indicadores e investigaciones que su implementación ha sido de menos del 30%, como lo señaló el Instituto Kroc en 2020, cuatro años después de su firma.
Tampoco es nuevo señalar que el gobierno saliente de Iván Duque “insistió en políticas de guerra para una época de paz”, como mencionó el ex director del Centro de Memoria Histórica Gonzalo Sánchez, en una entrevista para el diario El País de España. Los datos que acompañan el reciente repunte de las acciones armadas en Arauca, por ejemplo, así como la gran cantidad de líderes sociales asesinados y amenazados, y la concentración de la atención del gobierno en las disidencias de las FARC, son factores que demuestran el interés específico de un gobierno que perdió una oportunidad histórica: aprovechar las innegables cifras de disminución de las violencias que se sucedieron en Colombia tras la firma del acuerdo de paz.
Un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima (CERE) y por investigadores de la Universitat de Vic (UVic-UCC) y de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) analizó la evolución de las cifras de la violencia en el sur del Tolima, una zona históricamente marcada por las acciones de guerrillas y paramilitares desde el mismo inicio de las FARC, en la mitad del siglo XX. Lo que muestran los datos de la investigación, recogidos entre 1998 y 2020, es que la violencia en la zona se redujo en casi todos los indicadores relacionados con el conflicto armado a partir de la firma del acuerdo de paz, en 2016. La victimización por actos terroristas, por ejemplo, que, en 2011, 2012 y 2013 había alcanzado los máximos históricos con más de 70 casos anuales, desapareció en casi la totalidad de los nueve municipios del sur del Tolima: Ataco, Chaparral, Coyaima, Natagaima, Ortega, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles y San Antonio.
Los datos de la Dijín-Policía Nacional señalan la misma tendencia de disminución del delito de terrorismo entre el periodo 2016-2019. Las bases de datos de la Policía Nacional demuestran además una disminución relevante en el número de capturas por rebelión en la región observada. A partir del 2012, año en el que se presentaron más de 20 detenciones, la cifra disminuye en los años siguientes de manera significativa: 2014 y 2015, 5 casos; 2016, 3 casos; 2018, 1 caso, y 2019, 2 casos.
Asimismo, según los datos del Registro Único de Víctimas recogidos en la investigación, el desplazamiento forzado se redujo a niveles nunca vistos en los últimos 25 años. De los máximos históricos en la región, de casi 15000 personas desplazadas en un año (2007), las cifras para el periodo 2017-2019 no alcanzaron los 500 habitantes, con una tendencia de decrecimiento constante. De hecho, para 2020, la cifra tendía a cero y los municipios víctimas del delito fueron solamente dos.
El caso de los homicidios y los asesinatos selectivos es también relevante. La investigación señala que luego de un periodo de casi 800 homicidios anuales (2000-2003), seguido de uno un poco menos preocupante con una media de 300 asesinatos cada año (2004-2011), las víctimas de homicidios se redujeron a casos puntuales en el periodo 2016-2019.
La presencia de la violencia en la prensa como indicador (y como alarma)
En paralelo a la recolección y análisis de bases de datos sobre violencia, el estudio también analizó la presencia de las acciones relacionados con el conflicto armado en la región recogidos por la prensa colombiana. En los periódicos analizados también fue notoria la disminución de la violencia en los años posteriores a la firma del acuerdo.
La tendencia entre los años 2009 y 2016 fue de más de 40 noticias publicadas cada año por los medios de comunicación relacionadas con acciones de conflicto (tomas de población, combates, detenciones de guerrilleros, asesinatos de militares, secuestros, etc.) en los municipios del sur del Tolima. En contraste, en el periodo 2017-2019, el número de noticias relacionadas con la violencia en el territorio estudiado fue de menos de 10. Asimismo, en promedio, la presencia de noticias que hablaban de inversión o atención pública en la zona del sur del Tolima fue, para el periodo 2009-2016, de apenas 1,3 noticias por cada 9 piezas relacionadas con la violencia. Una vez firmado el acuerdo, en el periodo 2017-2021, la relación se acercó a 2 noticias de inversión o atención en la zona por cada 3 que hablaban de la violencia. Era una oportunidad para el campo, para el sur del Tolima, que el gobierno colombiano no quiso aprovechar.
Los datos y la prensa analizada, indicadores evidentes, se mezclan con la falta de voluntad del gobierno colombiano en una realidad alarmante y preocupante. La investigación, financiada por el Instituto Catalán Internacional para la Paz (ICIP), centrada en los factores de persistencia de la violencia en el sur del Tolima, pone en evidencia que el descuido estatal, la falta de garantías al cumplimiento de los acuerdos de paz en perspectiva regional, y la ineficacia de la resolución de los problemas básicos de la población campesina empiezan a dar señales claras de reactivación de procesos violentos en la región.
Los indicadores a la baja en el periodo 2017-2019 invierten la tendencia en el 2020 y, sobre todo, en el 2021. El caso de Arauca no es una excepción. El análisis realizado por el CERE, la UVic-UCC y la UAB demuestran un alarmante incremento de casos de violencia (atribuida tanto a las disidencias de las FARC, como a grupos paramilitares) en varias partes del territorio colombiano, y que se manifiestan con contundencia en el sur del Tolima. De todas las acciones cometidas por grupos paramilitares entre el 2016 y lo que llevamos de 2022, el periodo 2019-2022 concentra el 83% de sus acciones. En el caso de las disidencias armadas de las FARC, este porcentaje también es significativo (el 67% de sus acciones). Los datos en prensa también reafirman la presencia de la violencia en la región: de menos de 10 noticias sobre el conflicto armado publicadas entre 2017 y 2019, para 2020 y 2021 subió nuevamente hasta 33,5 piezas periodísticas por año.
Las oportunidades históricas de acabar con una parte importante de la violencia en Colombia no suelen repetirse fácilmente. Por momentos, la opinión de la ciudadanía se forma a partir de marcos emocionales y casos puntuales alimentados por los medios de comunicación y la caja de resonancia de las redes sociales. Pero los elementos objetivos y decenas de indicadores son los que demuestran la eficacia o el fracaso de una decisión política. La investigación realizada por tres instituciones universitarias demuestra, con datos y diferentes técnicas metodológicas, no únicamente la eficacia absoluta del acuerdo de paz para la reducción de la violencia. El estudio indica, sobre todo, que el acuerdo de paz es la única oportunidad para que la violencia no se repita en los territorios rurales que han sufrido históricamente el conflicto armado.
Las alarmas de la nueva violencia son absolutamente claras, evidentes y certeras. ¿Está dispuesta Colombia a volver a repetirlo?
