El pasado 26 y 27 de abril, diez militares y un civil reconocieron, en un hecho histórico, responsabilidad por al menos 120 ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo entre 2007 y 2008 en el macrocaso 03 que investiga los ‘falsos positivos’. Esta fue la primera audiencia de responsabilidad ante la Jurisdicción Especial de Paz en la investigación de las personas asesinadas y presentadas como bajas en combate en la región del Catatumbo, Norte de Santander.
El municipio de Ocaña fue el escenario de la primera audiencia de reconocimiento en el caso de los ‘falsos positivos’, en los que el Estado presentó a civiles inocentes asesinados como guerrilleros dados de baja en combate. Las cifras consolidadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad indican que en diez departamentos se concentran el 66% de las víctimas reportadas entre 2002-2008. En el Huila, Meta, Casanare, Antioquia, Caribe y Norte de Santander, por lo menos 6042 colombianos fueron presentados como ‘falsos positivos’. El 6 de julio del año pasado la JEP imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a diez miembros de la fuerza pública y un civil dentro del subcaso de Norte de Santander.
El relato del suboficial retirado del Ejército, Néstor Guillermo Gutiérrez, fue uno de los más detallados y estremecedores del encuentro. Gutiérrez generó conmoción al precisar cómo funcionó la estrategia criminal que existía por parte de los militares de la región del Catatumbo, Norte de Santander, para asesinar civiles y presentarlos como delincuentes dados de baja en combate con el fin de aumentar los resultados operacionales y recibir incentivos. “Maquinamos un teatro para mostrar un supuesto combate, por la presión que había de los altos mandos. Yo ejecuté a familiares de los que están acá, asesinándolos cruelmente y poniéndoles un arma para decir que eran guerrilleros. Asesiné cobardemente, les arrebaté la ilusión a sus hijos, les desgarré el corazón a sus madres por la presión de unos falsos resultados, por tener contento a un Gobierno. Manchamos la región del Catatumbo”, dijo Gutiérrez durante su relato.
El evento representó un hito en la historia del país. Por primera vez la sociedad colombiana escuchó la verdad, y hay un camino para impartir justicia. Además, representó una oportunidad histórica en los procesos de paz y modelos de justicia transicional en el mundo, al ser la primera vez que los procesados por crímenes de guerra y lesa humanidad reconocieron su responsabilidad y pidieron perdón de forma pública a las víctimas, a la justicia y a la sociedad. No obstante, esta audiencia es el primer paso en el proceso para que la JEP determine las sanciones que recibirán los máximos responsables en este doloroso capítulo del conflicto armado colombiano. Además, las víctimas que asistieron al evento aseguraron que lo dicho por los responsables no fue suficiente y queda un largo camino de aportes a la verdad sobre los casos en la región.
Gabriel Cifuentes, abogado magister en Derecho Internacional y doctor en Derecho Penal, explicó, en entrevista para El Comején, las implicaciones y los avances que significó este hecho en el proceso de satisfacción de los derechos de las víctimas, la justicia y la contribución a su reparación para la construcción de una paz estable y duradera.
¿El modelo de justicia transicional con enfoque restaurativo puede cambiar las bases del enfoque del modelo de justicia ordinaria respecto con el conflicto armado?
Lo interesante de este modelo de justicia transicional es que no es exclusivamente restaurativo. Es un modelo combinado. Si bien el eje del protagonismo cambia, ya que en el sistema retributivo el protagonista es el victimario y en este caso es la víctima, si el victimario no contribuye realmente y la justicia se da cuenta de esto, inmediatamente se da un proceso adversarial y se activa un proceso de corte retributivo. Esto quiere decir que, según el acto legislativo 01 del 2017 (el marco jurídico de la paz), si los responsables no cumplen a cabalidad con la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición, pueden tener hasta 20 años de cárcel. Esta combinación es algo muy novedoso.
Entonces, ¿esto podría sentar unas bases de cambio de la justicia transicional a la justicia ordinaria más adelante?
Es inconveniente que haya una integración de justicia transicional a la justicia ordinaria por varias razones. Empezando porque la justicia transicional, como su nombre lo indica, es transitoria. Es especial y extraordinaria, con tiempo limitado. Lo que sí puede suceder es que un modelo ordinario “aprenda” de la justicia transicional porque más allá de la cárcel, hay otro tipo de sanciones para satisfacer de mejor forma a las víctimas. Generalmente dentro del sistema penal ordinario hay más visos retributivos que restaurativos, esto podría pensarse mejor, pero, en definitiva, no se pueden confundir o combinar los dos modelos de justicia.
¿Para hacer el sistema un poco más restaurativo podría integrarse la memoria como un concepto esencial dentro de la justicia?
La memoria no es un concepto judicial en sí. Lo complicado es que el centro de los procesos judiciales ordinarios está basado en el debido proceso. Es una discusión mucho más técnica, pero en esencia estos procesos están muy anclados a los derechos del procesado. A diferencia de lo que ocurre en los macrocasos que estudia la JEP, el centro acá no es la reconstrucción de una memoria histórica.
¿Por qué la JEP calificó los falsos positivos como un fenómeno macrocriminal?
La JEP se encarga de investigar fenómenos delictivos de gran escala. No estamos hablando de hechos individuales sino fenómenos bajo una estructura, una escala y patrones específicos.
A lo largo de las investigaciones se ha encontrado responsabilidad en mayores cargos dentro del Ejército, algunas de las víctimas expresaron durante la audiencia que quieren escuchar la verdad de algunos funcionarios públicos que gobernaban durante la época de los falsos positivos, ¿ministros o expresidentes estarían en obligación de ir a la JEP?
Los expresidentes están por fuera de la competencia de la JEP. El marco jurídico que dicta el acto legislativo 01 del 2017 prohíbe investigar a expresidentes; en caso de que haya alguna información, es competencia de la Cámara de Representantes. Sin embargo, Juan Manuel Santos acudió voluntariamente el año pasado a dar su versión de los hechos como ministro de Defensa y como expresidente ante la Comisión de la Verdad. Depende de lo que voluntariamente cada uno decida hacer.
¿Cómo logró la JEP que los militares decidieran confesar sus delitos?
Principalmente porque es una oportunidad de reedición y beneficio penal. Si cumplen con toda la verdad, reparan a las víctimas y se comprometen a la no repetición pueden tener sanciones restrictivas de libertad en un territorio y no en una cárcel 20 años; es un incentivo muy grande.
¿Qué sigue entonces para los militares después de aceptar los cargos?
Hay todo un proceso en adelante que se tiene que llevar a cabo, pero si cumplen con todo lo anterior, la sanción no será la privación de libertad en una cárcel. Podrán tener entre cinco y ocho años de medidas restrictivas de la libertad, sanciones propias. Tendrán que hacer trabajos y actividades de reparación con el fin de cumplir el objetivo restaurativo. Sin embargo, lo que sucedió es un gran paso hacia la justicia. Poder conocer la versión de los máximos responsables, y escuchar el perdón es algo histórico. La verdad es sumamente dolorosa, pero es el único camino para cimentar la paz y la reconciliación en nuestro país.
