Desde su elección no hay día en que Jair Bolsonaro no golpee a la democracia. Sus golpes son como las dosis homeopáticas: gota a gota. Censura, autoritarismo, desprestigio institucional y un largo etcétera. Ante sus disparates, los poderes que podrían contenerlo no parecen vivir en el mismo Brasil. Un país cuya crisis sanitaria, política y social acumula más de medio millón muertos por la pandemia, 14 millones de desempleados y más de 116 millones con déficit alimentario.
A estos inquietantes datos, hay que sumarle los delitos que Bolsonaro va cometiendo en la más absoluta impunidad. Podríamos compararlo con un asesino en serie, un individuo que propina cuchilladas a la Constitución y las leyes. Su prontuario, sin embargo, no ha motivado la apertura de un impeachment por parte de la Cámara de Diputados o un proceso del Ministerio Público. ¿Por qué sucede esto? Porque Bolsonaro logró articularse con lo más sórdido de la política brasileña, “el centro”, un sector que no alivia, sino que exacerban los problemas del país. Esta franja social conocida como el banco de la bala, el buey y la biblia o, dicho de otra manera: bandas criminales, terratenientes y charlatanes de iglesia. El chantaje y las enmiendas parlamentarias son los instrumentos para consolidar el poder de Bolsonaro y sus esbirros. Arthur Lira, presidente de la Cámara, guarda en la gaveta alrededor de 130 procesos de impeachment contra Bolsonaro.
Además de la crisis sanitaria, social y política, Brasil vive una larga y profunda crisis moral. Bolsonaro fue elegido con la esperanza de que moralizara al país, pero la realidad ha sido otra. La inmoralidad ha tocado fondo con Bolsonaro. El Ministerio Público, instancia que tiene la misión de fiscalizar y sancionar los crímenes del presidente, hace la vista gorda. En uno de los momentos más tristes de la historia brasileña, logramos resucitar al “engavetador” general de la República, personaje conocido por archivar denuncias contra Fernando Henrique Cardoso. Augusto Aras, el fiscal general de la república, fue nombrado por Bolsonaro.
Brasil se encuentra sometido por maraña de funcionarios e instancias que facilitan o celebran los disparates de Jair Bolsonaro. El único poder que ha actuado contra los desafueros del presidente es el Supremo Tribunal Federal (STF), que a la postre se ha convertido en el principal blanco de ataque gubernamental. A pesar de sus contradicciones el STF es el organismo que se ocupa de lo que aún queda de democracia en Brasil.
Los actos golpistas propiciados el pasado 7 de septiembre por Bolsonaro hubieran tenido un triste final si el STF no interviene. Bolsonaro, con el aparato de los empresarios golpistas y el dinero público, preparó con anticipación una jugada maestra. El 7 de septiembre, día de la independencia en Brasil, se llevaron a cabo dos actos golpistas, uno en Brasilia y otro en São Paulo. Las bases bolsonaristas fueron movilizadas desde distintos lugares del país luciendo prendas verde-amarilla (como el color de la bandera), con la consigna de que estaban luchando por la libertad en Brasil. Bolsonaro, como en la novela de Orwell, ha logrado revertir el significado de las palabras: para sus partidarios la libertad es dictadura y la mentira es democracia. Los fantasmas de la dictadura, del golpe de 1964 y del esclavismo, salieron desde los antros que habitan.
En sus discursos el presidente tildó de sinvergüenzas a los miembros de STF y se negó a cumplir cualquier orden o sentencia que proviniera de este organismo. Adelantándose al calendario electoral, Bolsonaro ha creado un manto de sospecha sobre el empleo de las urnas electrónicas, las mismas que le permitieron, irónicamente, ser elegido como diputado por más de tres décadas. Adelantándose a una eventual derrota ante Lula afirmó que sólo dejaría la presidencia “muerto, preso o victorioso”. Su caída en las encuestas y el regreso de Lula al juego electoral anticipan una inquietante violencia bolsonarista y alientan un su sueño de ruptura constitucional.
Jair Bolsonaro ha contado con el apoyo de algunos gremios de camioneros para ejecutar sus planes, lo cual recuerda el caos que el gremio automotor provocó en Chile en 1973, situación que posteriormente desembocó en el golpe militar y la muerte del presidente Salvador Allende. En la cabeza del presidente brasileño circula la idea de desestabilizar al país a través del bloqueo de la cadena de distribución de alimentos para provocar descontento entre la población y justificar así una intervención militar.
Para la fortuna de Brasil el STF actuó velozmente contra los planes de Bolsonaro. El presidente del Supremo tomó medidas en vísperas del 7 de septiembre y llamó directamente a los comandantes militares, advirtiéndoles que, si la policía militar seguía el comportamiento pasivo frente a las manifestaciones y los planes desestabilizadores, él (Luiz Fuz) convocaría a las Fuerzas Armadas para que detuvieran a los saboteadores. Por otra parte, el ministro del STF Alexandre de Moraes, quien tenía información sobre los medios económicos que estaban patrocinando el plan golpista bloqueó las cuentas de sus principales financiadores. La acción complementaria contra la intentona golpista de Bolsonaro vino del sector agroindustrial -principal actividad de la balanza comercial de Brasil- mediante un comunicado público en la que rechazaban todo atentado contra la democracia y defendían la estabilidad institucional.
Por tanto, el golpe del 7 de septiembre fracasó y tras escuchar duras críticas de los ministros Fuz y Barroso, el presidente Bolsonaro en tono pacificador apeló a una de las figuras más despreciables de la política brasileña: Michel Temer, el vicepresidente que traicionó a Dilma Roussef para quedarse con la presidencia. Temer y Bolsonaro elaboraron un patético texto de diez cláusulas en las que describen las actuaciones del presidente como pacíficas y que en adelante se respetaría la Constitución y los poderes constitucionales. Como un niño mal educado que necesita disculparse, Temer negoció una llamada telefónica entre el presidente y el ministro Alexandre de Moraes.
Luego de los bochornos hechos del 7 de septiembre crece entre la ciudadanía brasileña el deseo de que el país recupere su rumbo y salga de una vez por todas del lodo en que lo ha metido Bolsonaro. En el próximo año, 2022, habrá elecciones en Brasil. Las encuestas vaticinan la derrota de Bolsonaro y la vuelta de Lula.
