“(…) los poderosos cobran coimas por cada contrato que adjudican como si se tratara de un negocio lícito y las invierten para ganar las elecciones de manera fraudulenta”.
María Jimena Duzán (2020)
La corrupción en nuestro país ha llegado a extremos intolerables. La misma firmeza que se ha venido demostrando para sancionar con cadena perpetua a los violadores de niños debería aplicarse para quienes les quitan el pan de la boca. Es una infamia lo que venimos escuchando sobre la manera como los contratistas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) se las ingenian para engañar a nuestros pequeños, solo quieren multiplicar sus ganancias sin importarles su salud.
Panes que cuestan $71 son pagados a $971, pechugas de $7.000 son cobradas a $40.000, un kilo de carne a $38.000 y tamales a $30.000, sumas millonarias cobradas por raciones que algunas veces no son entregadas. Niños que desayunan con medio vaso de mazamorra y una galleta de soda; otros que son fotografiados con platos bien presentados para luego del cambiazo sentarlos a la mesa con un desayuno mediocre. El caso más reciente muestra la falta de escrúpulos de estos delincuentes, mal llamados “de cuello blanco”, quienes durante un año suministraron carne de burro y de caballo enfermo a los niños de una población de Santander.
Niños que desayunan con medio vaso de mazamorra y una galleta de soda; otros que son fotografiados con platos bien presentados para luego del cambiazo sentarlos a la mesa con un desayuno mediocre.
Una estudiante de La Cumbre (Valle del Cauca) resume la inconformidad que se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional: “El PAE tiene una mala alimentación porque los alimentos que llegan a las escuelas no son precisamente balanceados para ser un almuerzo. A veces no llega toda la comida que se necesita para hacerle almuerzo a todo el colegio. Son impuntuales, a veces no llega la comida, entonces nadie comió. La comida que llega muchas veces es rancia, entonces no hay quien la aproveche”.
El PAE se convirtió en otra porción de la torta presupuestal que los corruptos saquean a su gusto. Según la Contraloría General, entre 2013 y 2017, el Programa de Alimentación Escolar manejó en todo el país recursos por 3.7 billones de pesos. En 2018 “la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) descubrió un cartel de veintiocho empresarios que durante diez años manipularon la contratación del PAE en Bogotá. La SIC probó que por medio de presiones y tutelas eliminaron a la competencia, logrando incidir en veintiún procesos por 1,5 billones de pesos del PAE, que deberían beneficiar a 750.000 niños de Bogotá”.
Según datos de la Fiscalía en la región Caribe, Alejandro Hernández, conocido como “el zar” del PAE “manejó, en los últimos diez años, contratos por 726.000 millones de pesos, desfalcando el programa incluso mediante estrategias de soborno a políticos y funcionarios de alcaldías”. Se trata simplemente de cambiar de razón social y “conservar” las buenas relaciones con quienes “reparten” los contratos; por eso este sujeto aparece en 1.500 convenios en la costa Atlántica, Norte de Santander y Boyacá.
Es contradictorio hablar de hábitos saludables cuando a nuestros estudiantes se les expone al consumo de productos empaquetados, fritos, elaborados con grasas hidrogenadas o con alto contenido de azúcar.
Este tipo de personajes son los que administran las “unidades de negocios”, como los he denominado en otras ocasiones. Ellos invierten en las campañas políticas cuantiosas sumas de dinero que saben, a ciencia cierta, volverán multiplicadas a sus bolsillos. Los gobernantes no solamente les devuelven con jugosos contratos la financiación recibida, sino que de paso saben que obtendrán mínimo el 10 %. Esto, que es vox pópuli, fue reconocido en el Concejo Municipal de San Luis (Tolima) por su alcalde José Armando Gamboa Bonilla, según consta en el acta de dicha sesión: “No es un secreto que un alcalde se come el diez por ciento de todos los contratos”.
Estos contratistas, lo explica el diario Occidente, no aparecen en los registros de quienes financian las campañas; a ellos no les conviene que quede huella de esos compromisos, porque la Fiscalía podría rastrear sus nexos con gobernantes. Nunca queda huella del “inocente” 10 % que se embolsillan los mandatarios con cada uno de los contratos que firman porque se entregan en efectivo y, generalmente, a través de terceros.
Son varios personajes los que obtienen su tajada en una “unidad de negocio” con roles y porcentajes acordados. Por ejemplo, además del alcalde, figuran los concejales y otros funcionarios que saben hacer la vuelta; es decir los trámites de prepliegos, pliegos, firmas y licitación para que se la gane el “favorecido”. Esto si no se acude a la figura de “urgencia manifiesta”, mediante la cual se puede escoger a dedo el contratista a quien se le ha prometido la prebenda y, por ello, se le aprueba el contrato sin reparar en su costo.
El PAE compra en las centrales de abastos ubicados en las grandes ciudades. Luego trasladan los alimentos a las cabeceras municipales y corregimientos, que algunas veces llegan asoleados, magullados o en mal estado.
De esta manera, el niño que sale de su casa con un agua de panela, con la esperanza de llegar a la escuela para tener algo que comer, se enfrentará a largas jornadas sin poder completar los nutrientes necesarios para optimizar su capacidad cognitiva y su desarrollo físico. Es posible que se quede dormido encima del pupitre o que sencillamente siga al maestro con sus ojos abiertos -pero con su mente en otro lado- sin sentirse involucrado en las propuestas de trabajo. Todo por cuenta de un sistema que consiente el robo descarado, entre otras cosas, porque ese “pequeño” robo hace parte de los “ingresos” que se necesitan para financiar la próxima campaña electoral, llámese congreso, alcaldías, gobernaciones u otros.
Esta es la cruda realidad de hacer la política en nuestro país. Se sacrifica la vida y la calidad educativa de los sectores más vulnerables. Lo he dicho muchas veces y lo repito: ¿dónde están matriculados los hijos de los directivos docentes?, ¿dónde los de los funcionarios de las secretarías de educación, los alcaldes, los gobernadores y los mismos dirigentes sindicales? Sépanlo bien: en jardines, colegios y universidades privadas. Por ello consienten los atropellos en el sector público, a través de los llamados factores asociados a la calidad, que bien podrían llamarse factores asociados a la corrupción (PAE, transporte escolar, dotaciones, aseo, entre otros).
Todos sabemos que el PAE es un negocio, tiene una tasa por niño de $1.980, pero los costos de operación se llevan el 40 %. El pasado 24 de septiembre, El Tiempo informaba que “(…) durante la pandemia del nuevo coronavirus, la Contraloría estableció treinta alertas por presuntos sobrecostos en el manejo de los recursos del PAE. Estos dineros sumarían otros 34.856 millones de pesos a la plata despilfarrada de este programa”.
El PAE compra en las centrales de abastos ubicados en las grandes ciudades. Luego trasladan los alimentos a las cabeceras municipales y corregimientos, que algunas veces llegan asoleados, magullados o en mal estado. El Gobierno lo sabe. Sí se contratara directamente a través de los fondos de servicios educativos, con control de Asofamilia, personeros y consejos estudiantiles, esos dineros dinamizarían las ya bastante golpeadas economías locales; sobre todo a la agricultura, generando empleo en los territorios, pues lo ideal sería que allí se produzcan y preparen los alimentos. Estoy seguro que un padre de familia no va a permitir que se suministre alimentos de mala calidad a su hijo, lo que sí hacen contratistas inescrupulosos.
Es contradictorio hablar de hábitos saludables cuando a nuestros estudiantes se les expone al consumo de productos empaquetados, fritos, elaborados con grasas hidrogenadas o con alto contenido de azúcar. ¿Cómo no incentivar en las zonas rurales la cocina tradicional que utiliza frutos autóctonos?, ¿por qué entregarles jugos en empaques Tetra Pak cuando en las regiones se puede incentivar el cultivo de mora, tomate de árbol, lulo, o aprovechar las cosechas de guayaba, piña o mango?, ¿cómo no beneficiarse de los sembrados de zapallo o zanahoria o los huevos de campo para proveer tortas elaboradas por las mismas madres de familia, que de paso incrementarían sus ingresos?, ¿cómo no orientar proyectos de emprendimiento en relación con la potencialidad agrícola y pecuaria de los territorios?, ¿por qué no apoyar a los jóvenes y empresarios que viven, sienten y sufren lo que pasa en sus localidades? No lo entiendo.
Los políticos corruptos salen limpios de toda culpa, no hay evidencias de sus actos y siguen, con mayores arrestos, a emprender la próxima empresa electoral.
Estos personajes “de cuello almidonado”, educados en las artes de cuidarse entre sí y no pisarse los callos, están convencidos del principio según el cual el mundo es de los vivos, por eso llegan a esquilmar lo que es de todos y se paga con nuestros impuestos. No importa que sean investigados por los organismos de control; ellos sabrán inventarse otra nueva “empresa” para ofrecer sus “desinteresados” servicios. Y cuando, por fin, los cogen –como a Alejandro Hernández–, obtienen detención domiciliaria; y si acaso van a la cárcel su dinero les permitirá vivir a sus anchas en los centros penitenciarios. Los políticos corruptos salen limpios de toda culpa, no hay evidencias de sus actos y siguen, con mayores arrestos, a emprender la próxima empresa electoral. ¡Qué tristeza! No sé cómo hacen para mirar de frente a sus electores y a los periodistas y seguir mintiendo.
Insisto en que las penas para estos saqueadores de lo público deberían ser las mismas que para los delincuentes de la peor calaña: no sólo sancionarlos con la imposibilidad de ejercer cargos y de contratar con el Estado, sino también, aplicarles extinción de dominio a todos sus bienes y los de su parentela.
Para terminar, retomo parte del artículo 34 de la Constitución Nacional de Colombia, referida a los deberes de todo servidor: “Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos”.
Es urgente que todo funcionario, empezando por quienes ocupan altos cargos, recuerde –siguiendo el artículo mencionado– que fuimos nombrados para servir a la comunidad, para cuidar sus intereses y para velar, por encima de todo, de lo público. Cualquier actitud contraria debe ser sancionada, no solo por los órganos de control, la Fiscalía y las autoridades judiciales, sino por nosotros, los electores.
